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La ley de unión y la autonomía dieron origen al moderno Canadá

En 1840 se aprobó la ley de Unión, según la cual los dos Canadás volvieron a reunirse en una provincia con un solo gobernador, un Consejo ejecutivo y una Cámara de Asamblea, electiva por períodos de cuatro años. El Consejo ejecutivo era elegido por el gobernador, pero quedó subordinado a los cuerpos legislativos, puesto que continuaban en el poder en tanto que sus actos merecían la aprobación de la Asamblea.

Este gobierno responsable equivalía a la emancipación de la colonia, y la hizo en realidad tan libre como los Estados de la Unión americana. Tal reforma es, sin duda alguna, el acontecimiento principal de la historia colonial moderna; a partir de esta época quedó reconocido el principio de que de hecho los habitantes de todas las colonias donde los británicos estén en mayoría, pueden disfrutar de iguales derechos políticos que los de la metrópoli.

En 1844, el gobierno fijó su residencia en Montreal, de donde, en 1849, se trasladó a Toronto; luego se resolvió que el Parlamento se reuniera alternativamente, cada cuatro años, en Quebec y en Toronto. En 1858 se eligió a Ottawa como capital parlamentaria de ambos Cañadas. Finalmente, por ley de 22 de mayo de 1857, se constituyó el Estado autónomo llamado Dominion of Canadá, hoy dividido en las provincias de Alberta, Columbia Británica, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Príncipe Eduardo (Is.), Quebec, Saskatchewan y Terranova, y los territorios de Northwest y Yukón. La capital de la Confederación es la ciudad de Ottawa, y las ciudades más importantes son: Montreal, Toronto, Vancouver, Winnipeg, Hamilton, Quebec, Edmonton, Calgary, Windsor y Halifax.

La población actual de la Tierra ha sido calculada en más de 2.900 millones de almas, excluyendo algunas insignificantes poblaciones de Asia y África, donde los censos no existen o son incompletos. De ella le corresponde a Canadá una cifra de más de diecisiete millones.

Los primeros años de la existencia de la nación canadiense fueron penosos. Siguió un período de prosperidad general, entre 1869 y 1873, pero las condiciones que caracterizaron el resto del siglo xix resultaron mediocres, salvo en el Oeste, donde la construcción del ferrocarril Canadiense Pacífico hizo aumentar rápidamente la población, la riqueza y el trabajo de esa zona. Un extraordinario período de crecimiento demográfico, señalado por un movimiento inmigratorio de gran volumen, caracteriza el primer decenio del siglo xx, durante el cual el porcentaje general del aumento de la población excedió el 34%, el más grande registrado en la historia de la nación y, proporcionalmente, el más elevado, durante el mismo período, en cualquier país joven del mundo.

Los elementos principales que contribuyen a ello son: el crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre el total de los nacimientos y las defunciones, y la inmigración. El primer aspecto de esta cuestión está solucionado satisfactoriamente en Canadá, donde se goza de un alto nivel de vida: el seguro social protege al habitante, y los problemas sanitarios han sido encarados y resueltos satisfactoriamente por el gobierno. En cuanto al segundo, puede decirse que últimamente, cada cinco años, tuvieron entrada en Canadá, acogidos a un régimen legal y a la política de incrementar el desarrollo de sus industrias que fomenta el gobierno, alrededor de ochocientos mil inmigrantes, de las siguientes procedencias: Gran Bretaña (ingleses, escoceses e irlandeses), doscientos mil; Estados Unidos, cincuenta mil; Alemania, ciento cuarenta mil; Noruega y Suecia, siete mil; Francia y Bélgica, veintiséis mil; Italia, ciento quince mil; Rusia y Finlandia, trece mil; judíos, dieciocho mil, y otras nacionalidades, más de doscientos veinte mil.

Canadá, que es la única monarquía de América, está gobernado por medio de tres organismos principales: el Parlamento Federal y las legislaturas provinciales; el Poder Ejecutivo federal, y el Poder Judicial, integrado este último por la Corte Suprema de Canadá y los diferentes organismos de justicia de las provincias.

El Parlamento comprende al Rey, representado por el Gobernador, al Senado y la Cámara de los Comunes. Las legislaturas provinciales comprenden al Rey, representado en cada caso por el Teniente Gobernador de la provincia, y la Asamblea Legislativa, elegida por voto popular. El Senado cuenta con noventa y seis miembros, cuya representación se distribuye así: veinticuatro por cada una de las provincias de Ontario y Quebec, veinticuatro por las provincias marítimas, y seis por cada una de las cuatro provincias del Oeste. Los senadores son nombrados por el gobernador, a perpetuidad.

La Cámara de los Comunes se compone de doscientos cuarenta y cinco miembros, elegidos, igual que los de las asambleas legislativas provinciales, por voto popular, en proporción a la población en cada provincia y por el término de cinco años.

El Poder Ejecutivo es desempeñado por Su Majestad el rey de Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios Británicos, cuyo representante es el Gobernador General por él designado, previo consejo de sus ministros canadienses; su mandato dura un período de cinco años.

Pero, en realidad, quien desempeña la función ejecutiva, puesto que la supremacía del monarca es, en cierto modo, teórica, es exclusivamente el Consejo de Ministros, encabezado por el Primer Ministro. El Gobernador General tiene que nombrar Primer Ministro al jefe del partido político que tenga mayoría en la Cámara de los Comunes. A su vez el Primer Ministro designa a los demás ministros miembros del gabinete, que son también nombrados oficialmente por el Gobernador General del Dominio.

El gabinete es un comité ejecutivo de las Cámaras y se encuentra obligado a presentar la renuncia colectiva en el caso de que el Parlamento haga expresa declaración de falta de confianza en su política o en los miembros que lo componen. Lo mismo ocurre en las provincias, pues cada una de ellas repite en su organización las normas generales del Dominio. Es importante hacer resaltar que el Estatuto de Westminster, en su aplicación a Canadá, emancipa las legislaturas provinciales así como el Parlamento Federal de la efectividad del Acta de Validez de las leyes coloniales. De este modo, la memorable declaración de la Conferencia Imperial de 1926: “que Gran Bretaña y los Dominios son autónomos dentro del Imperio Británico, iguales en su estado político y de ninguna manera subordinados el uno al otro en ningún aspecto de su vida interna o relaciones exteriores, aunque unidos por una común lealtad a la Corona y libremente asociados como miembros de la Comunidad de Naciones Británicas”, ha recibido ya en gran parte el reconocimiento, tanto legal como formal.